El Edificio de la Cámara
Agraria de Santa Brígida, desde el punto de vista de los
intereses públicos, se encuentra en una situación irregular. No puede ser que
una empresa privada lo haya inscrito en el registro de la propiedad,
contradiciendo totalmente la normativa al respecto. Me parecía incomprensible
que el Gobierno Canario, competente en el asunto, no interviniese en el caso,
de manera que hiciese reverter la situación de dominio a quien correspondía.
Así mismo no podía comprender que el Grupo de Gobierno Municipal se mostrase
totalmente indiferente ante situación jurídica tan fuera de las normas. Por eso,
tres partidos de la oposición nos pusimos de acuerdo y emprendimos una
actuación conjunta ante el organismo competente que era la Bice consejería de
Agricultura del Gobierno de Canarias.
Guadalupe del Río de Cambio por Sataute, Lucas Tejera del
PSOE Y Yo mismo, José Luis Álamo de Nueva Canarias iniciamos un seguimiento del
asunto que al final ha dado el resultado que ya todos conocemos, por el que los
Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias intervienen con el fin de que esta
situación anómala entre por el cauce legal y pase a ser de dominio público
canario, con dedicación a los planes agrícolas que procedan. Don Alonso Arroyo, Viceconsejero de Agricultura, tardó mucho en meterle mano al asunto; pero, la
verdad es que su actuación al respecto, en los días de este mes de junio, ha
sido intensa y de eficacia para poner en marcha la actuación pertinente. El
Consejo de Gobierno de Canarias que preside Paulino Rivero ha cogido la sartén
por el mango, como era su deber, y ya tenemos a los Servicios Jurídicos
realizando las actuaciones pertinentes para que el Edificio de la Cámara Agraria pase
a la propiedad de la Comunidad Autónoma ,
como debe ser según ley.
Lo que yo no puedo entender, en base a razones de servicio
público, es que el Alcalde y su Grupo de Gobierno hayan estado tan pasivos ante
este desafuero poniendo en peligro que una propiedad pública pasase a manos
privadas por un simple procedimiento de trueque acordado entre personas
incompetentes para ello. Además, el Ayuntamiento estaba en su derecho de
intervenir en contra de la operación en cuanto que su contrato con la
representación agraria era por 25 años que no estaban cumplidos. La operación,
por tanto no estaba libre de cargas y el Ayuntamiento tenía el deber de hacer
valer sus derechos. ¿Alguien entiende, con razones confesables, el
comportamiento del Alcalde en este asunto?
Pues bien. Ha sido la Oposición la que ha actuado y la que puede estar
sirviendo al Pueblo los frutos de su actuación, porque, sin duda alguna, esta
debe ser la actuación básica para conseguir que, en su día, este sea un bien
patrimonial del Municipio de la
Villa de Santa Brígida, al servicio, por ejemplo, de toda la
programación cultural de nuestro Pueblo. El Camino Público La Chorrera mantuvo un largo
litigio judicial y se ganó para el patrimonio Municipal, con la pasividad del
Grupo de Gobierno y con el apoyo y cooperación de los Concejales de la Oposición al contumaz
trabajo de la Familia Peñate.
Ahora pasa lo mismo; con la pasividad del Grupo de Gobierno y la actividad
comprometida de parte de la
Oposición se pone en la vía correcta de solución el Edificio
de la Cámara Agraria.
De la misma manera que celebramos con alegría el Camino Público del también
llamado Camino de la Dignidad ,
estamos a la espera de que concluyan los procedimientos para celebrar en el
Pueblo la PROPIEDAD PÚBLICA
DE LA CÁMARA AGRARIA.
Si este Grupo de Gobierno no se empeña
en defender lo PÚBLICO, ¿PARA QUÉ LO QUEREMOS?